Resumo:
El consorcio internacional -Aguas del Tunari- recibió la concesión para el abastecimiento de agua potable y sistema de alcantarillado para la ciudad Cochabamba, Bolivia, en Septiembre de 1999. Un mes y medio después, el Acto No. 2029 de reglamentación del sector de agua y saneamiento fue aprobado, estableciendo un conjunto de reglas para legitimación de esos contratos con una fuerte tendencia hacia la privatización, además de incluir reglas cuyo objetivo era el de orientar el uso y la explotación de los recursos hídricos.
Ambos eventos causaron reacciones populares y llevaron a una movilización masiva de la población. En áreas urbanas, las protestas se originaron debido a la propuesta de aumentos excesivos en las tasas / tarifas del agua, y en las comunidades rurales, la preocupación dominante se refería a los efectos de la nueva ley sobre los derechos tradicionales y acceso al agua para irrigación y usos domésticos. Los conflictos sociales explotaron en febrero y abril del año 2000, con varios días de intensos choques entre los denominados -guerreros del agua- y la policía. Estos enfrentamientos culminaron con la declaración de estado de sitio nacional.
La disconformidad social era tan grande que la única solución posible fue la cancelación del Contrato establecido con el Consorcio Aguas del Tunari y la modificación de más de 30 artículos del Acto No. 2029, que se tornó el nuevo Acto No. 2066. Los acontecimientos de la -guerra del agua- en Cochabamba tuvieron un fuerte impacto internacional, como ejemplo de resistencia a la privatización del agua y de los servicios a ella relacionados.
Además, representaron, en el país, el comienzo de un proceso de mayor participación de las bases en la formulación de reglas y políticas referentes a los recursos hídricos. En este contexto se ha creado recientemente el Consejo Interinstitucional del Agua, CONIAG, como foro del cual participan representantes del gobierno, organizaciones sociales, el sector privado, instituciones académicas y municipalidades, teniendo como misión llegar a un consenso en la formulación de una nueva Política y Ley de Aguas para Bolivia.
Este estudio de caso destaca los problemas que1pueden originarse de privatizaciones o reformas1mal implementadas en el sector de recursos hídricos,1además de ilustrar las maneras en que la sociedad civil puede organizarse para representar sus intereses y las razones y maneras como puede incentivarse la participación representativa. Son lecciones importantes para organizaciones que tratan de aumentar su participación em la gestión integrada de los recursos hídricos em todo el mundo, y agencias que desean mejorar sus formas de participación y representación.